¿QUIÉN ESTÁ GOBERNANDO EN ESPAÑA?
Especulación urbanística, política local y acatamiento a la ley
España se encuentra en peligro de convertirse en un país donde los especuladores urbanísticos sean sus auténticos gobernantes. Les ayudan y apoyan políticos corruptos o incompetentes y les tolera un sistema judicial débil y lento. Esto sólo puede conducir a un total quebrantamiento de la confianza en la Ley, a la corrosión de la democracia y a desastres sociales y medioambientales. Inevitablemente, también llevará a la pérdida de respeto por España y a su credibilidad como democracia europea.
Quizás piense el lector que todo esto no son sino exageraciones sin fundamento, pero ¿lo son?.
Desde el comienzo de la Operación Malaya en Marbella en marzo del pasado año, no hay más que abrir, cualquier día, cualquier periódico nacional para encontrar páginas y páginas dedicadas a casos de corrupción, de proyectos urbanísticos ilegales en los que se encuentran involucrados gobiernos regionales o locales. Meterse en la política local es una forma de enriquecimiento rápido. He de decir que, desgraciadamente, todos los partidos políticos en España se han manchado por estos escándalos.
Lo que más me preocupa es que esta casi-impunidad va acompañada también de una corrupción de nivel bajo que impregna a instituciones, asociaciones y a los medios de comunicación locales. Así mismo, los constructores actúan de forma extremadamente agresiva, intentando asfixiar cualquier tipo de resistencia local a sus proyectos. Por supuesto, todo esto lo justifican usando argumentos como beneficio público, trabajo y desarrollo.
España tiene leyes excelentes para proteger el medio ambiente. Son leyes cada vez más estrictas para frenar el crecimiento urbanístico salvaje y la sombría amenaza del Calentamiento Global. Desgraciadamente, estas leyes son continuamente burladas por los gobiernos locales. Los gobiernos regionales son incapaces o, sencillamente, no tienen ganas de detener las infracciones.
En diciembre del año pasado, Miloon Kothari, experto en temas de vivienda de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitó España para investigar este fenómeno. Sus conclusiones son acusatorias: Aunque hay tres millones de viviendas vacías en España, ¡el 25% de la población carece de una vivienda digna! Kothari llegó a la conclusión de que las prácticas deshonestas de desarrollos urbanísticos se han convertido en norma y que el caso de corrupción de Marbella es sólo la punta del iceberg. M. Kothari manifestó sus dudas de que las nuevas leyes (aprobadas por los gobiernos central y regionales con el fin de frenar la implacable ola de especulación urbanística) tengan efecto alguno. Llegó incluso a recomendar que el gobierno central pusiera una moratoria inmediata a todo tipo de re calificación de tierra y retirase, si fuera necesario, tales competencias de los gobiernos locales y regionales.
Por si fuera poco, nos encontramos ahora con la siniestra amenaza del Calentamiento Global y sus devastadores efectos sobre España, especialmente a lo largo del litoral mediterráneo. Las conclusiones de un vasto estudio (encargado por el Ministerio de Medio Ambiente) realizado por un grupo de unos cuatrocientos científicos españoles son absolutamente claras. El Calentamiento Global podría llevar a una reducción de las precipitaciones de un 40% para el año 2070, a un aumento de hasta 7 grados en la temperatura media en verano, y a una elevación del nivel del mar de hasta 50 centímetros. Unido todo esto a los escasos recursos hídricos sólo puede conducir a una desertización de zonas cada vez mayores y a pérdidas importantísimas en la industria del turismo, especialmente en las costas.
Los especuladores urbanísticos se han sentido ya atraídos por Ronda y su Serranía. La Costa del Sol se encuentra saturada por sus incontables desarrollos urbanísticos ilegales. A los inversores y constructores no les queda más remedio que desplazarse hacia el interior.
Ronda es un modelo perfecto de lo que ha sucedido en el resto de Andalucía. Ya en 2001, había, según datos oficiales, 1770 viviendas sin ocupar en una población de 36.000 habitantes. Durante los últimos seis años se han construido varios miles de casas y pisos, tanto cercanos al núcleo urbano como lejos del mismo, en tal densidad que con frecuencia carecen de zonas verdes e infraestructuras. Todo esto no ha sido resultado de las necesidades reales de la población local. La mayoría de estas viviendas permanecen vacías. Las parejas jóvenes con ingresos modestos o incluso medios, simplemente no pueden permitirse el acceso a su primera casa debido al aumento astronómico en los precios de la vivienda (173% en los últimos diez años).
En Ronda, un precioso pueblo andaluz con un patrimonio arqueológico, artístico y cultural simplemente impresionante, el mayor proyecto que se quiere llevar a cabo en la zona es también el más controvertido: el Club de Campo & Golf de Ronda. El proyecto consiste en dos campos de golf y uno de prácticas, tres hoteles de lujo, 442 villas en parcelas, 341 viviendas agrupadas en cuatro “pueblos serranos”, un colegio internacional bilingüe, una residencia geriátrica, etc. Todo esto está proyectado para construirse en Los Merinos Norte, una finca de 800 hectáreas situada en una zona declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, lindando con el Parque Natural Sierra de las Nieves.
En 1995 la Junta de Andalucía aprobó el proyecto inicial presentado por los anteriores propietarios de la finca. Este proyecto estaba sujeto a severas restricciones en cuanto a su alcance y a estrictas medidas para limitar el impacto medioambiental, sobre todo en lo referente al acuífero que subyace en la zona. Estos propietarios abandonaron el proyecto y vendieron la propiedad a los actuales promotores.
Lo primero que se le ocurrió hacer a los nuevos propietarios fue arrancar, entre julio y agosto de 2003, más de un millar de encinas, árboles protegidos en la mayor parte de la Serranía de Ronda. Cuando se detectó el estropicio causado, el Ayuntamiento les impuso una multa de 254.219,67 euros, cantidad que, hasta día de hoy, no ha sido abonada.
El diez de octubre de 2004, poco tiempo después de erigirse alcalde de Ronda, Antonio M. Marín Lara concedió una entrevista al diario El Mundo en la que decía: “No veo claro este proyecto de Montaner. No aceptaré pelotazos urbanísticos de nadie. Seré inflexible en estos asuntos y yo mismo examinaré el proyecto con lupa”.
Curiosamente, Marín Lara dio otra entrevista el 23 de octubre de 2005 al mismo diario en la que su postura respecto al proyecto había cambiado radicalmente. Aunque afirmó que “los campos de golf están sirviendo de jardín de una actividad especulativa” añadió que ¡“Ronda necesita de estos dos proyectos (Los Merinos y La Parchite), pero no más”! Días más tarde, el alcalde aprueba el proyecto de Los Merinos.
En diciembre del pasado año, Ignacio Trillo, Delegado Provincial de la Agencia de Medio Ambiente, objetó la aprobación del proyecto reiterando las restricciones al mismo formuladas por el estudio de impacto medioambiental llevado a cabo en 1995. La limitación más importante hace referencia a que la actuación sobre el terreno no puede afectar a más del 25% de la superficie. El proyecto actual intenta transformar el 69% de la zona, casi triplicando de esta forma los efectos negativos sobre el medio ambiente.
En ese mismo mes, la Agencia Andaluza del Agua también objetó el proyecto en base a que simplemente no es viable a causa de la escasez de recursos hídricos, los cuales son actualmente deficitarios. La Agencia Andaluza del Agua manifestó que el proyecto, junto con los dos millones de metros cúbicos de agua (potable o reciclada) al año que demandan, pondría en alto riesgo el suministro de los pueblos de alrededor, especialmente Cuevas del Becerro y Arriate. Esta cantidad de agua es casi el equivalente de la consumida por toda la ciudad de Ronda.
A pesar de estas dos serias objeciones al proyecto por la Junta de Andalucía, el alcalde de Ronda aprobó definitivamente ( por decreto ) el proyecto en julio de 2006. El solo voto en contra los convenios urbanísticos para suministrar el agua al proyecto, fue el del único concejal de Izquierda Unida (Rafael Ruíz).
Inevitablemente, la aprobación del proyecto ha provocado el inicio de una campaña en contra por parte de muchos ciudadanos de Ronda y su comarca. Un centenar de residentes extranjeros firmaron y enviaron una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, protestando por la aprobación de un proyecto ilegal y solicitando audiencia para que sus quejas fueran escuchadas. El Presidente Chaves no ha nunca contestado esta carta.
En octubre del año pasado, toda la población de Cuevas del Becerro fue a una huelga general para protestar por la aprobación del proyecto, que tendría peligrosas consecuencias en su suministro de agua.
En Noviembre pasado varios miles de manifestantes marcharon a la finca Los Merinos demandando la re apertura del sendero de largo recorrido GR-7 que enlaza Tarifa con Atenas y que los promotores del proyecto habían cerrado con todo descaro.
Estas protestas hubieron de hacer frente a una respuesta fuertemente agresiva por parte de los promotores. Empleando ingentes cantidades de dinero y apoyados por un batallón de abogados, agentes inmobiliarios, agentes de seguridad, etc. denunciaron o llevaron a juicio a nueve residentes españoles, británicos y alemanes, acusándoles de haber infringido la ley en sus asuntos privados o profesionales. En el caso concreto de tres residentes extranjeros les acusaron por los “crímenes” de calumnia, amenazas, coacción, recibir sobornos, falsificación de documentos y firmas, etc. He de decir que todos los acusados son personas honradas, respetuosas con la ley, que viven y trabajan en Ronda y su comarca. Todas las acusaciones contra ellos están basadas en falsedades. Los jueces han rechazado muchos de los cargos de los acusados pero los promotores continúan hostigando con cuestiones legales a los que se oponen a sus proyectos, siendo causa de ansiedad y afectando a sus vidas privadas y profesionales.
Otra importante protesta contra este proyecto ilegal se llevó a cabo el pasado noviembre. El comité español “Hombre y Biosfera” de la UNESCO, presidido por Javier Castroviejo, publicó un cáustico informe criticando los dos principales proyectos en la comarca de Ronda: el Ascari Race Resort (en Los Merinos Sur) y el proyecto de Los Merinos Norte. El informe llegaba a la conclusión de que estos proyectos son incompatibles con la protección que esta zona debería tener garantizada al ser nombrada Reserva de la Biosfera.
La reacción a este informe fue fulminante. La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sin ningún tipo de explicaciones, despidió al presidente del comité, Javier Castroviejo, al vicepresidente, Jesús Vozmediano y a otros miembros del comité. Reacción curiosa de alguien que lleva el cargo de Ministra de Medio Ambiente. ¿Por qué reaccionó de esa forma?
En una entrevista concedida por Castroviejo al diario ABC el pasado enero, el ex - presidente del comité “Hombre y Biosfera” afirmaba que él “sabía que si nos enfrentábamos a proyectos urbanísticos especulativos íbamos a durar poco”. A la pregunta de qué pensaba del hecho de que políticos del PSOE como Luis Solana y Jaime Montaner estuvieran implicados en el proyecto contestó: “¿Qué quiere usted que piense? ¿Vamos a pensar que hacen esto por amor a las razones sublimes de la ética y la moral?.”
En febrero de este año miles de ciudadanos de Ronda y su comarca se manifestaron por las calles de esta ciudad para protestar por la continuidad de las obras ilegales en Los Merinos y contra las tácticas intimidatorias y agresivas adoptadas por la promotora contra toda persona que se atreviera a oponerse a su proyecto.
¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía hasta ahora?
En septiembre de 2006, la Junta de Andalucía llevó el caso al TSJA (Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía) cuestionando la legalidad de la aprobación de este proyecto por parte del alcalde de Ronda. Hasta ahora, el TSJA no ha tomado ninguna resolución.
En febrero pasado, la Junta de Andalucía solicitó al tribunal de Málaga la paralización de las obras que se estaban realizando en Los Merinos hasta que el TSJA decidiese sobre la legalidad o ilegalidad del proyecto. Nada se ha hecho al respecto. Los constructores continúan arrancando árboles y cambiando el paisaje removiendo el frágil suelo.
Finalmente, parece ser que, como respuesta a la presentación de pruebas por parte de Antonio Romero, representante de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, la fiscal de Málaga investigará las infracciones urbanísticas y medioambientales en que incurre este proyecto.
¿Por qué se permite que continúe esta manifiesta infracción a la ley? La Junta tiene el poder legal y la obligación de parar las obras. ¿Por qué no actúa? Con la excusa de la lentitud de los procesos legales ¿está siguiendo la Junta una política de hechos consumados en este caso concreto?
¿Es política electoralista fría y calculadora? ¿Con qué propósito? ¿Es para que regionalmente la Junta pueda reivindicar que su objetivo es el cumplimiento de la ley mientras que el PSOE local intenta desbloquear esa situación de impasse?
Tenemos derecho a formular la siguiente pregunta: ¿Están los políticos y funcionarios de la Junta de Andalucía protegiendo a los promotores? ¿Por qué se les permite que continúen con las obras? ¿Contestaría el señor Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía estas preguntas?
También tenemos todo el derecho a preguntar: ¿Son los políticos en el gobierno nacional los que impiden la paralización de un proyecto ilegal? ¿Contestaría la pregunta el señor Zapatero, jefe del gobierno?
¿Quién es el principal responsable para impedir estas serias infracciones de la ley cuando la Junta de Andalucía se niega a actuar? Indudablemente, serán jueces honestos y valientes quienes impondrán un alto definitivo a estas actividades que amenazan nuestros recursos naturales.
Todos los ciudadanos afectados de Ronda y su comarca aguardan su pronta acción. No deseamos más que la ley en Andalucía se respete y se cumpla.
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Azzam Qasrawi
Miembro de la Asociación Guiris contra los campos de Golf
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