Se pide rigor en la aplicación POT de la Axarquía

GENA-EeA RECLAMA A LA JUNTA RIGOR EN LA APLICACIÓN DEL POT DE LA AXARQUÍA

Nueva Cultura del Territorio manifiesta una sintonía total con el contenido del escrito y pide al Consejero de Vivienda igualmente la aplicación, de la forma más escrupulosa posible, el plan de ordenación de la comarca de la Axarquía,

Con fecha 9-VI-2008, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado un escrito dirigido a Consejero de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que reclama rigor en la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía.

Que, ante la incesante presión que actualmente están organizando los alcaldes de la Axarquía hacia la Junta de Andalucía, e incluso a la Audiencia Provincial de Málaga, para que se flexibilicen las leyes y normas sobre el urbanismo en la comarca de la Axarquía, esta asociación tiene a bien presentarle las siguientes reflexiones que pueden marcar una visión alternativa a la que seguramente le están transmitiendo los alcaldes:

• No es la primera vez, y posiblemente tampoco la última, que los alcaldes de la Axarquía, con independencia del signo político se rebelan contra las leyes y normas que, por definición, son de obligado cumplimiento para todos andaluces. Cuando se aprobó el POT de la Axarquía mostraron su rechazo y algunos alcaldes socialistas amenazaron con cambiar de partido si no se les permitía construir en el campo. En este periodo postelectoral, con algunos cambios en la composición política de los consistorios, puede parecer que hayan dos bandos: uno, el autodenominado Foro, compuesto por alcaldes de partidos diferentes del PSOE (IU, PA, PP) y otro, que podríamos calificar de “institucional”, formado por partidos del PSOE. La única diferencia entre estos dos grupos es que los primeros pretenden buscar un “diálogo” con la Junta y la Justicia desde una posición de fuerza política, mientras que los segundos, más cercanos políticamente a la Junta, pretenden aprovechar las ventajas que les da este hecho ante instituciones supramunicipales de mayoría socialista (Mancomunidad, Diputación, Consejería) para buscar modos de sortear las leyes y amnistiar todas las tropelías realizadas por los mismos alcaldes, ahora reelegidos, a lo largo de varias legislaturas pasadas. Es evidente que tanto uno como otro bando persiguen el mismo objetivo: que las leyes que son aplicables para todos los andaluces se “flexibilicen”, esto es, no sean aplicables al caso “muy singular” de la Axarquía, pues, en palabras del alcalde de Cómpeta, “las leyes no pueden ser iguales para todos”, y aún peor, que podrían conseguir sus propósitos “negociando con la Junta y con la Fiscalía”, como si las leyes fueran chicle y se pudieran adaptar a los caprichos de cada individuo.

• Esta asociación quiere recordar a la Junta de Andalucía que la LOUA se destacó en su día de la Ley del Suelo del PP por negar el criterio neoliberal de que “todo lo que no esté protegido es urbanizable”, manteniendo, a nuestro juicio acertadamente, la condición de “suelo no urbanizable” todo el suelo que esté fuera de los cascos urbanos (suelo urbano), esté o no incluido en alguna figura de protección específica. Es deseo de esta asociación que no se olvide este principio, recogido coherentemente en el POT de Andalucía y el POT de la Axarquía, a la hora de abordar la problemática de la urbanización sistemática del campo que se está produciendo en la Axarquía, porque no hay otra lectura posible en las reclamaciones de los alcaldes de la Axarquía: quieren urbanizar todo lo el municipio excepto las zonas protegidas, literalmente lo que promete el PP.

• Cuando hablamos de la urbanización sistemática de la Axarquía no estamos aludiendo a la construcción de una vivienda aquí y otra allá, teóricamente vinculadas a la actividad agraria, sino de más de 21.000 viviendas ilegales (datos que podemos demostrar documentalmente), la mitad de las cuales se han construido en menos de 17 años. Y no se trata de viviendas aisladas, construidas sin ningún plan, sino que en muchos casos son el resultado de un proceso urbanizador encubierto, a menudo por un solo agente promotor que es propietario o administra fincas adyacentes (con el apoyo político y administrativo del ayuntamiento), hasta lograr conjuntos urbanísticos que tienen todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes (ej. dotaciones, áreas libres, infraestructuras como saneamiento, accesos, etc.), con lo que no sólo se está haciendo de hecho una urbanización, sino que se está lesionando gravemente el paisaje, se está creando una multitud de focos de contaminación por falta de recogida de basura y de aguas residuales, abriendo una intrincada red de carriles que están contribuyendo a la erosión y desestructuración del territorio, al despilfarro de recursos hidrológicos y que, a la postre, está contribuyendo enormemente a la contaminación y al cambio climático ya que la huella ecológica de estas viviendas es tres veces superior a la que tienen una vivienda en un suelo urbano.

• Tal cantidad de viviendas no obedece a una actividad marginal llevada a cabo furtivamente a espaldas de los ayuntamientos sino que éstos han contribuido de manera decisiva a ello no sólo “consintiendo”, sino “promoviendo” la construcción en el campo. Esto se refleja en la beligerancia de los alcaldes respecto a las leyes que teóricamente nos protegen de ello. También se refleja en los resultados electorales: los alcaldes más transgresores son los que más votos han sacado en las últimas elecciones. En muchos casos, los cambios de equipo de gobierno se han debido a diferencias de criterio respecto a este problema. En Torrox, por ejemplo, los que gobiernan actualmente lo han conseguido porque prometieron legalizar aperos de labranza (viviendas en el campo) con una mayor superficie que la que se concedía por el anterior equipo de gobierno y en parcelas de superficie menor o incluso sin distinguir superficie. En otros casos, como en Frigiliana, ahora en Nerja y también en Torrox, se han redactado ordenanzas para la construcción en el campo, con una serie de normas que además no se suelen cumplir, pero como si no existieran leyes de rango superior que regulan el mismo hecho de construir en el campo, lo que explica que se estén aprobando construcciones en contra de las normas del POT de la Axarquía. Otra prueba de esta promoción es que los alcaldes se han esmerado en buscar agua para urbanizaciones que se han creado en el campo, como sabemos que ha ocurrido en Viñuela, Alcaucín, Cómpeta y Canillas de Aceituno, a veces con perjuicios a agricultores que han visto por ello mermada su capacidad de regadío, como ha sucedido en Periana o Canillas de Aceituno. Finalmente otra de las innumerables pruebas de que estas actuaciones están favorecidas por los ayuntamientos es que, dado que las nuevas residencias exigen el mantenimiento de los carriles, los ayuntamientos han buscado formas de sufragar estos gastos. Al respecto, en algunos ayuntamientos, como Torrox, se han creado consorcios equipados con maquinaria para ello, cargando el coste a un impuesto específico para los nuevos residentes. Otros, en cambio, han recurrido a los fondos específicos de mejora de caminos agrícolas de la Diputación Provincial o de la Delegación de Agricultura, para arreglar carriles que finalmente sólo benefician a los nuevos residentes, incluso llegando a asfaltar y hormigonar los carriles, en contra de lo preceptuado en el POT de la Axarquía.

• En contra de lo que dicen los alcaldes, las causas de este frenesí en la construcción no son de carácter social, como podría ser el de favorecer la retención de la población autóctona, o el promover la creación de un tejido empresarial. Según datos del IAE, la única actividad económica que ha crecido en estos pueblos es la construcción y todo lo que está relacionado con este sector. Así, por ejemplo, es notorio el crecimiento de las inmobiliarias en todos los pueblos, pese a que la construcción en el suelo urbano prácticamente ha sido inexistente. En algunos ayuntamientos, como Canillas de Aceituno, se ha pasado de 1 inmobiliaria a 30 en tan solo siete años y crecimientos similares se dan en muchos municipios del interior de la Axarquía. Y si manejamos los índices de desarrollo económico de algunos estudios, nos muestran que la Axarquía sigue estando entre las comarcas más depauperadas de toda la comunidad autónoma. Es cierto que ha habido enriquecimiento rápido para muchos, pero esto ha ingresado en la economía sumergida y solo ha servido para especular con el dinero o reinvertirlo en otros inmuebles. A menudo estas actividades inmobiliarias se realizan por agentes extranjeros, que captan a los clientes directamente en los países de origen, no dejando ninguna riqueza a estos pueblos. Por otra parte, la tan cacareada justificación de las viviendas para retener a los habitantes autóctonos, el proceso es justamente el contrario pues los que venden sus tierras compran pisos en el litoral, en Vélez o en Málaga y se van de los pueblos, quedando allí solo los inmigrantes climáticos, que a su vez, debido a sus constantes ausencias, dejan a los municipios como pueblos fantasmas. No es una actividad turística que deje dividendos, pues incluso el Plan Andaluz de Turismo Sostenible niega que el mal llamado “turismo residencial” o el “Turismo rural” (que aquí se utiliza exclusivamente para las viviendas en el campo) sea una actividad digna de tal nombre y menos que genere empleo y binestar social. Tampoco es una necesidad social de vivienda para habitar pues de hecho, en la mayoría de los municipios hay ya más viviendas que habitantes, y en algunos, como Alcaucín, hay hasta 3 viviendas por habitante. Finalmente, llama la atención la falta de creación de otras empresas, como las de mantenimiento por ejemplo (sigue siendo cierto el tópico de que no hay quien encuentre fontaneros, por ejemplo), o bien del sector agrario, que podrían aliviar el hundimiento del sector de la construcción.

• Así pues, las únicas motivaciones de este frenesí constructivo son económicas, puesto que ello ha permitido a los ayuntamiento autofinanciarse con recursos propios. Es de dominio público, aunque aún no se ha podido demostrar, que también podría haber en ello un afán de enriquecimiento personal por parte de determinados cargos públicos o sus familiares más cercanos, o incluso sus socios o testaferros. La corrupción de baja intensidad que caracteriza a la Axarquía no ha llegado aún a los tribunales porque la atención y los pocos recursos judiciales existentes se han desviado hacia otros territorios, no porque aquí exista un código ético de inflexible aplicación en esta materia. El que la construcción en el campo enriquece es algo cierto, puesto que al agricultor le ofrece la posibilidad de obtener unos ingresos que jamás hubiera soñado con la actividad agraria habitual y en tan corto plazo. Porque éste es el principial aliciente: enriquecerse a corto plazo, y esto aplicado a todos los que forman parte de la “trama de la construcción”. Este cortoplacismo alimenta un ansia de enriquecimiento que se extiende poco a poco entre todos los agricultores y pequeños propietarios o herederos de éstos, pese a que éstos recogen la parte más pequeña del pastel. Pero la cuestión está en que esta dinámica, por ser tan fuertemente retroalimentadora, obliga a construir de manera continua y creciente, no se puede parar nunca porque en cuanto se pare de produce una hecatombe social y económica, pues no hay otra actividad que pueda sustituir a aquélla. Y aunque en la Axarquía caben 100.000 viviendas más en el campo, está claro que esto no es sostenible.

• A todo ello habría que añadir una motivación política, porque como hemos señalado, en los pueblos se ha refrendado con el voto la actividad delictiva en materia de urbanismo. No podría ser de otro modo porque obviamente se ha estado reforzando una dinámica de abandono sistemático de la agricultura (en lugar de cualificarla y modernizarla) bajo el atractivo “pelotazo” del enriquecimiento rápido o del rentismo. Mucho nos tememos que este refuerzo político podría alcanzar niveles de decisión política de carácter autonómico, en donde empieza a preocupar el avance del PP, cuya máxima neoliberal, aplicada a la cuestión del urbanismo en el campo, llevaría a la anulación del concepto de suelo no urbanizable, consiguiendo con ello el refrendo de los nichos electorales del PSOE, los pueblos y zonas rurales. Es fundamental que se haga una pedagogía de masas que explique bien los costes sociales, ambientales y económicos que tendría tal deriva en la orientación de la política del PSOE en Andalucía.

• Los ayuntamientos de la Axarquía interior carecen de PGOU, algunos tienen normas subsidiarias, pero el resto sólo disponen de la LOUA. La razón del notable retraso en la elaboración de los PGOUs y su adecuación a la LOUA no es la lentitud de la Junta de Andalucía, como acusan, sino el deseo de mantenerse en el limbo de la ausencia de normativa, pues en esta situación tienen la posibilidad de recurrir, en ausencia de un PGOU, a la figura de los Planes de Actuación, previsto en la LOUA, para dar licencias a las viviendas en el campo. Esto ha sido el fruto del equipamiento legal con que se han dotado los ayuntamientos para sortear la legalidad. Hace algunos años el Colegio de Abogados de Málaga convocó un curso titulado: “El uso de los Planes de Actuación para la construcción en suelo no urbanizable” y la lección ha debido ser bien aprendida por parte de los que asesoran a los ayuntamientos en esta materia. Pero esta figura está reservada para actuaciones de interés social en el campo, como las casas de aperos de labranza, y nunca, como está sucediendo, para hacer mansiones de lujo de gran volumen de edificación, piscina, césped, carril hormigonado, etc. para gente que son inmigrantes climáticos, segundos residentes de fin de semana o simplemente sustratos de la especulación o del alquiler en régimen de economía sumergida. Incluso los agricultores que aún quedan, que en su mayoría prefieren vivir en los pueblos, no necesitan viviendas en el campo porque un minifundio y un terreno tan abrupto no requiere tanta maquinaria como para justificar una casa de aperos. Otra cosa diferente es que, vistas las facilidades que se les da, acaben por hacerse casas como inversión o para jubilarse.

Por todas estas razones, GENA-EeA reclama a la Junta que, frente a la presión de los alcaldes de la Axarquía, el Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio se matenga firme en los valores morales que subyacen en la defensa del territorio a través de los leyes actualmente vigentes, como la LOUA, el POT de Andalucía y en particular el POT de la Axarquía, posiblemente el único documento válido para la promoción de la actividad turística de verdad (no la meramente residencial) y el control de nuestro más importante activo: el paisaje y la calidad de vida. En este sentido señamos que en modo alguno debe concederse “flexibilización” alguna de las normas, tal como demandan los alcaldes, pues aparte de que una flexibilización podría incurrir en ilegalidad por arbitrariedad, porque las leyes no pueden aplicarse de diferente manera para unos que para otros, dejaría a las mismas como mero papel mojado y por tanto indefensa a la ciudadanía y su inalienable derecho al medio ambiente de calidad. Al contrario, esta asociación solicita mayor beligerancia en la disciplina urbanística, puesto que aún no se ha demolido ni una sola de las 21.000 viviendas en suelo no urbanizable y con este ejemplo cualquiera puede entender que es válido el lema de “construye, que algo queda” y, en la medida de sus posibilidades o de quien proceda, que se dote adecuadamente a la Justicia, en particular la Fiscalía de Medio Ambiente, para que cumpla su papel en los delitos que se están cometiendo en nombre del supuesto y muy cuestionable “Desarrollo”.


Grupo de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía. GENA-EA